El fraude carrusel se ha convertido en uno de los mecanismos de evasión fiscal más sofisticados y perjudiciales dentro de la Unión Europea.
Esta práctica aprovecha los beneficios del sistema intracomunitario del IVA para crear redes empresariales ficticias que permiten eludir el pago del impuesto de forma masiva y sistemática.
El término «carrusel» hace referencia al movimiento circular de las mercancías entre distintas empresas conectadas, sin que estas lleguen al consumidor final, así, el IVA se cobra pero no se ingresa en Hacienda, generando devoluciones indebidas de un impuesto que nunca fue declarado.
Según la Fiscalía Europea, solo en 2022 se investigaron redes que defraudaron 6.700 millones de euros en IVA. Estos fraudes suelen ir acompañados de operaciones de blanqueo de capitales, destinadas a legalizar los fondos generados ilegalmente.
¿Qué es el fraude carrusel?
El fraude carrusel es una forma de evasión fiscal que explota el régimen transitorio del IVA para operaciones intracomunitarias, vigente desde 1993 tras el Acta Única Europea.
En este sistema, las empresas que compran bienes dentro de la UE se autorepercuten el IVA y lo deducen a la vez, lo que genera un efecto neutral útil para el comercio… pero también aprovechable para defraudar.
La trama consiste en crear una cadena de empresas (algunas reales y otras ficticias) que simulan transacciones, y la clave está en que una empresa «trucha» o «missing trader» introduce productos desde otro país comunitario sin pagar IVA, los vende en España con el impuesto incluido, pero desaparece antes de ingresarlo.
La mercancía puede pasar de mano en mano sin abandonar nunca el circuito empresarial, de ahí el nombre de carrusel.
Esta rotación permite acumular devoluciones de IVA sobre operaciones que en realidad nunca llegaron a generar ingresos fiscales.
A diferencia de otros fraudes, el carrusel tiene un alcance transnacional y requiere una organización empresarial compleja, donde las redes suelen abarcar varios países y centenares de empresas, lo que dificulta enormemente su detección.
Cómo se lleva a cabo
El fraude carrusel opera bajo un patrón bien definido, aprovechando los huecos del sistema intracomunitario de IVA.
Su estructura gira en torno a una empresa «trucha», que actúa como eslabón inicial y desaparece una vez cobrado el impuesto, sin declararlo.
- Primera fase – Adquisición intracomunitaria: Una empresa española ficticia, creada con fines defraudatorios, adquiere mercancía desde otro país de la UE, como Alemania o Italia. La empresa en España se autorepercute el IVA nacional y se lo deduce en el mismo acto, sin desembolso real, esta neutralidad fiscal es la base del mecanismo.
- Segunda fase – Venta con IVA y desaparición: La empresa «trucha» vende los productos a otra sociedad en España —denominada empresa «pantalla» o «buffer»— repercutiendo el IVA, aunque cobra este impuesto, no lo declara ni lo ingresa en Hacienda, y a los pocos días desaparece, dejando un agujero fiscal.
- Tercera fase – Circulación entre empresas pantalla: La empresa «pantalla» compra la mercancía de forma aparentemente legal, se deduce el IVA soportado y la revende a otra empresa, también actuando con márgenes mínimos y cumpliendo sus obligaciones fiscales, con el objeitvo de dificultar el rastreo de la operación y legitimar el recorrido del producto.
- Cuarta fase – Venta final exenta y cierre del círculo: Finalmente, la mercancía se exporta nuevamente a otro país de la UE, cerrando así el círculo.
Al tratarse de una entrega intracomunitaria, esta operación también está exenta de IVA, y la empresa exportadora solicita la devolución del impuesto soportado… un impuesto que en realidad nunca fue ingresado por la empresa «trucha».
¿Qué consecuencias tiene?
El fraude carrusel provoca daños significativos que van más allá del ámbito tributario. Sus efectos afectan a la recaudación pública, al tejido empresarial y a la confianza en el sistema fiscal.
Pérdida masiva de ingresos para Hacienda
Las cifras son contundentes, según la Fiscalía Europea, solo en 2022 se investigaron fraudes carrusel por valor de 6.700 millones de euros en concepto de IVA.
En España, operaciones como la desarticulada en Guadalajara dejaron un agujero fiscal cercano a 30 millones de euros, y el fraude en el sector de neumáticos provocó pérdidas de 23,5 millones de euros.
Competencia desleal y distorsión del mercado
Las empresas implicadas en fraude carrusel pueden vender productos hasta un 21% más baratos que sus competidores legales, ya que no soportan el coste del IVA, esto les permite captar clientes de forma desleal, expulsando del mercado a empresas honestas.
Asociaciones como ADINE han denunciado que estas prácticas provocan “una grave distorsión” en sectores como el de neumáticos o electrónica.
Graves consecuencias penales
Las sanciones penales son muy severas, por ejemplo, en el caso de Guadalajara, 23 personas fueron condenadas a un total de 162 años de prisión, con penas individuales de hasta 16 años.
Además, se impusieron multas por más de 1.100 millones de euros y otros 106 millones en concepto de responsabilidad civil.
Blanqueo de capitales y delincuencia organizada
El fraude carrusel no suele operar de forma aislada, ya que los beneficios ilícitos se reinvierten en inmuebles, vehículos de lujo o sociedades pantalla.
Europol ha documentado casos donde este dinero se usó para financiar redes de narcotráfico y crimen organizado a nivel internacional.
Pérdida de confianza en el sistema fiscal
Cuando las empresas que cumplen observan que otras obtienen ventajas mediante prácticas fraudulentas, se produce un efecto de desánimo y desconfianza en la equidad del sistema.
Esto puede provocar una menor voluntad de cumplimiento voluntario, debilitando el principio de solidaridad fiscal.
Casos más notorios de fraude carrusel
A lo largo de los últimos años, se han destapado redes de fraude carrusel de gran magnitud que han puesto en evidencia la complejidad de estas tramas y la necesidad de una cooperación internacional eficaz.
Operación Admiral (2023)
Considerada como el mayor fraude carrusel de la historia europea, esta operación fue coordinada por la Fiscalía Europea y ejecutada en 14 países simultáneamente.
La red utilizaba miles de empresas para defraudar el IVA mediante la compraventa de productos electrónicos, donde el fraude estimado alcanzó los 2.200 millones de euros, con implicación de más de 9.000 entidades jurídicas y 600 personas físicas.
Caso Guadalajara (2014-2017)
Uno de los mayores juicios en España por fraude carrusel, que se centró en la compraventa de material informático entre países de la UE.
La Audiencia Provincial de Guadalajara impuso penas de prisión a 23 personas, con un total acumulado de 162 años de cárcel, y multas superiores a 1.100 millones de euros.
El perjuicio económico superó los 30 millones de euros.
Operación Dreams (2015-2018)
La Policía Nacional y la Agencia Tributaria, con apoyo de Europol, destaparon un fraude de 60 millones de euros en Europa, de los cuales 45 millones correspondían a España.
Se emplearon más de 100 sociedades instrumentales para emitir facturas falsas por valor de 250 millones de euros, y se incautaron vehículos de lujo, dinero en efectivo y material informático.
Fraude en el sector de neumáticos (2017-2020)
Tres organizaciones criminales operaban desde España, Portugal, Francia e Italia simulando compraventas de neumáticos para defraudar el IVA.
La AEAT y la Policía Nacional detuvieron a 22 personas, con un perjuicio estimado de 23,5 millones de euros.
Operación Medina (2006)
Esta investigación pionera reveló el uso de la modalidad conocida como “cross-invoicing” o “cruz belga”, combinando operaciones reales con ficticias para prolongar la actividad defraudadora.
El caso sentó jurisprudencia clave en España, al ser resuelto por el Tribunal Supremo.
Mercado de derechos de emisión de CO₂ (2008-2009)
Empresas compraban derechos en el extranjero, los introducían sin IVA y los revendían en España aplicando el impuesto.
El fraude se estimó en 5.000 millones de euros en Europa, y solo en España pudo superar los 50 millones.
Este escándalo forzó cambios normativos urgentes en varios países.
Operación Blue Sky (2009)
Se desarticularon ocho grupos internacionales que actuaban desde España para defraudar el IVA en la compraventa de derechos de emisión de CO₂.
Se calcula que el fraude alcanzó los 110 millones de euros, y la red estaba liderada por el empresario Muhammad Yaqub.
Fraude en el sector del automóvil (2021-2023)
Una red introducía vehículos de lujo desde Alemania mediante facturación falsa.
El fraude ascendió a más de 74 millones de euros y la Fiscalía Europea detuvo a 50 personas vinculadas a concesionarios y sociedades pantalla que operaban en varios países europeos.
Dudas
¿Puede una empresa participar sin saberlo en un fraude carrusel?
Sí, es posible, ya que algunas empresas actúan como intermediarias sin conocer el origen fraudulento de las operaciones.
No obstante, el Tribunal Supremo establece que se puede denegar la deducción del IVA si se demuestra que la empresa “sabía o debía saber” que estaba participando en una trama ilícita.
Factores como precios anormalmente bajos o condiciones comerciales atípicas pueden ser indicios suficientes.
¿Cuál es la responsabilidad de los bancos en el fraude carrusel?
Las entidades financieras pueden incurrir en responsabilidad penal si colaboran activamente o no detectan operaciones sospechosas.
En algunos casos, como el de Guadalajara, se investigó a una filial bancaria por facilitar pagos vinculados a la trama.
Los bancos deben aplicar medidas de debida diligencia y reportar actividades inusuales conforme a la normativa de prevención de blanqueo.
¿Existe cooperación internacional para combatir el fraude carrusel?
Sí, en la lucha contra este fraude requiere coordinación internacional. Organismos como la Fiscalía Europea, Europol y Eurojust promueven operativos conjuntos y el intercambio de información a través del sistema VIES.
Operaciones como Admiral han demostrado la efectividad de estas alianzas para desarticular redes complejas que actúan en múltiples países.